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A un cuarto de siglo, reflexiones sobre el Juicio a las Juntas Militares en Argentina

Stella, María Elena

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación Nº 52

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación Nº 52

ISSN Impresión 1668-0227
ISSN Online: 1853-3523
DOI: https://doi.org/10.18682/cdc.vi52

Cincuenta años de soledad. Aspectos y reflexiones sobre el universo del video arte

Año XV, Mayo 2015, Buenos Aires, Argentina | 352 páginas

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Introducción

Un rasgo que identifica a la Argentina actual, surgida con la recuperación de la democracia en 1983 es, sin duda, el resultado obtenido en cuanto a la revisión del pasado autoritario y el alcance de la justicia penal sobre los responsables de violaciones masivas de los derechos humanos producidas durante la última dictadura militar.

A mediados de los ochenta y principios de los 90, con el fin de los gobiernos dictatoriales en América Latina, de los regímenes comunistas en Europa Oriental y del apartheid en Sudáfrica, el mundo presenció una serie de procesos de justicia transicional. En general, éstos se caracterizan por un conjunto de medidas judiciales y políticas, tales como la persecución de criminales, la creación de comisiones de verdad y otras formas de investigación del pasado violento, la reparación a los damnificados por los daños sufridos y la reforma de instituciones involucradas en violaciones a los derechos humanos como las fuerzas armadas, policiales, servicios de inteligencia. En un sentido más amplio, el concepto de justicia transicional también abarca todas aquellas iniciativas tendientes a preservar viva la memoria de las víctimas mediante la creación de monumentos, museos, parques memoriales, archivos, etc. En este campo de la revisión del pasado autoritario, consideramos que nuestro país ha realizado una tarea considerable, que lo ubica por delante de los demás países que debieron encarar la cuestión de la justicia retroactiva.

A la hora de juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por regímenes autoritarios, la justicia transicional debe enfrentar diversos problemas políticos, técnicos, jurídicos y morales. Por un lado, choca con la inexistencia de leyes previas a la ejecución de los crímenes que debe castigar. Por el otro, la cantidad y características de los perpetradores, muchos de ellos todavía, con poder político y capacidad de presión, colocan a la justicia en la encrucijada de optar por la reparación ética o por la estabilidad del nuevo gobierno. Establecer con qué criterios delimitar el campo de quienes deben ser alcanzados por la justicia y quienes no, es también una cuestión acuciante.

Estos y otros dilemas semejantes se presentaron a la nueva democracia pero, un conjunto de factores fueron condicionando y modelando los sucesos que otorgaron el carácter diferencial que asumió la justicia transicional en la Argentina en comparación con el camino que siguió en otros países. Entre los factores, destacamos el notable activismo del movimiento por los derechos humanos, que había surgido en plena dictadura y que asumió un gran protagonismo en la transición democrática. La situación de total desprestigio y deslegitimación de las fuerzas armadas a partir de la derrota militar de las Malvinas vino a sumarse al ya, rotundo fracaso del modelo económico. La actitud independiente de un gran número de jueces contribuyó en gran medida a consolidar el proceso. Pero, sin duda, un factor de fundamental importancia fue el rol del presidente, un candidato que había basado su campaña electoral en la promesa de juzgar a los culpables, romper con la tradición de impunidad instalada y refundar el estado de derecho y que, una vez asumido el gobierno, colocó el tema en el centro de la escena política.

El breve periodo comprendido entre la asunción del Presidente Raúl Alfonsín el 10 de Diciembre de 1983 y la sentencia dictada por del tribunal que juzgó a los nueve comandantes dos años más tarde –el 9 de diciembre de 1985– encierra una clave explicativa esencial del camino que siguió la justicia transicional en Argentina.

En efecto, el Juicio a las Juntas Militares es la culminación de todo un proceso, pero es, a su vez y fundamentalmente, la piedra basal de todo lo que vendrá después en materia de justicia retroactiva. Las posteriores decisiones políticas, las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, los indultos del presidente Carlos Menem no pudieron, sino transitoriamente, debilitar la cuestión de los derechos humanos en la Argentina. Los juicios abiertos veinte más tarde no resultan concebibles sin aquel precedente realizado en un momento cargado de tensiones, presiones militares y enormes expectativas por parte de la sociedad y de las organizaciones de derechos humanos.

La justicia transicional en la Argentina

Durante la dictadura, los familiares de las víctimas y el movimiento por los derechos humanos habían iniciado la búsqueda de los desaparecidos, pero no fue sino, a partir de la llegada del gobierno democrático, cuando se dieron los pasos importantes en el esclarecimiento del destino de las victimas de la represión ilegal.

En la Argentina surge una de las primeras comisiones de verdad de América Latina y del mundo (www.amnesty.org/es/international-justice/issues/truth-commissions), la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada por el presidente Raúl Alfonsín, en Diciembre de 1983, y unos meses después la entidad publica los resultados de sus investigaciones en el Informe Nunca más.1 El país fue, también, pionero, en la fundación del Equipo Argentino de Antropología Forense, organización científica no gubernamental, constituida en 1984. Asimismo, se destaca la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos para identificar los restos humanos y contribuir a la búsqueda y a la restitución de la identidad de los bebes apropiados.

Durante los gobiernos constitucionales que siguieron, se avanzó en la reparación económica a las familias de las personas desaparecidas y luego se indemnizó a los hijos por el perjuicio causado sobre sus vidas, por el tiempo que pasaron detenidos con sus madres, y muchos de ellos, por haber sido arrancados del seno de sus familias y sustituida su identidad. En cuanto a la reparación simbólica, se erigieron monumentos, archivos, museos en antiguos centros clandestinos de detención, tortura y muerte y se incluyó el tema en el currículo escolar.

Sin embargo, mas allá de los logros en el esclarecimiento de la verdad y en lo que atañe a la memorialización del pasado traumático, la particularidad del proceso de transición argentino radica, fundamentalmente, en el alcance de la justicia penal, materializado en los procesos judiciales a los responsables de los delitos de lesa humanidad (se puede consultar el mapa detallado de las causas en www.cij.gob.ar/les-humanidad.html). Como mencionamos más arriba, en 1983 se ordenó el juicio a los nueve comandantes de las primeras juntas militares y dos años más tarde, comenzaron las audiencias. Previamente, muchos juzgados ordinarios del país ya habían iniciado procesos contra esos y otros acusados en virtud de cientos de demandas de los familiares, pero fue la sentencia a los comandantes lo que disparó la apertura de nuevas y numerosas causas. En el punto 30 del fallo, los jueces, asumiendo una postura de total independencia con respecto al Poder Ejecutivo, ampliaron el círculo de responsables que serían juzgados.2 Luego del dinamismo inicial de los dos primeros años de democracia, el proceso sufrió una brusca interrupción, a partir de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y de los indultos del Presidente Carlos Menem obliterado el camino de la justica penal, no obstante, la labor de los organismos de derechos humanos siguió adelante, esta vez la estrategia asumida, ideada por el Centro de Estudios Legales y Sociales ( CELS), consistió en reclamar el derecho a conocer la suerte corrida por las víctimas, dando origen a los llamados ‘Juicios de Verdad’. Con ellos se avanzó notablemente en la identificación de cadáveres y en la recopilación de nuevos documentos hallados en cementerios y reparticiones oficiales. Otra forma de resistencia al olvido y a la impunidad fue la llevada a cabo por la organización H.I.J.O.S. –creada en 1995– fundamentalmente, a través de la práctica de los escraches a los represores.

En 1997, un impulso importante provino desde el exterior cuando la justicia penal internacional estableció en el Estatuto de Roma de 1998 la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Acorde a ello, en la Argentina, el criterio se extendió a muchos jueces contribuyendo a reinstalar el cuestionamiento de las ‘leyes del perdón’ e indultos.

Fue en este renovado contexto de movilización militante en favor de los Derechos Humanos y de debilidad del poder de presión de las fuerzas armadas, cuando, en 2003, el Presidente Néstor Kirchner se sumó al estado de ánimo e impulsó en el Congreso la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La renovación de la Corte Suprema de Justicia significó otro vuelco importante en favor del castigo pendiente a los criminales de la dictadura. En 2005 el tribunal supremo declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto Final y de Obediencia Debida como, asimismo, de los indultos presidenciales. A partir del levantamiento de esas trabas, se multiplicaron los pedidos de elevación a juicio de delitos de lesa humanidad, a lo largo y a lo ancho del país y aún hoy continúan.3 De lo expuesto en la breve síntesis anterior, se desprende que el proceso fue complejo y discontinuo pero con resultados considerables. No obstante, son varios los aspectos que quedan por mejorar: por empezar, habría que afianzar los procesos judiciales, avanzar en esclarecimiento de la suerte corrida por miles de desaparecidos, recuperar los hijos y nietos que aún reclaman los familiares. En relación a las deudas y desafíos que afronta hoy la justicia transicional argentina, la investigadora Valeria Barbuto sostiene que

El tiempo transcurrido también dificulta el cumplimiento del derecho de las víctimas a la justicia, tal como sostienen los estándares internacionales. La demora en la realización de los debates orales genera el riesgo de pérdida de memoria y de precisión en los testigos, y hasta la muerte de muchos familiares (www.dplf.org/uploads/1285258696.pdf, p. 6).

Otros aspectos señalados por la investigadora se refieren a la necesidad de agilizar el trámite de los procesos, lograr una mejor difusión de los juicios para darles un sentido más colectivo y garantizar la seguridad de los testigos. Esta última, muy cuestionada en virtud de la desaparición en 2006 de Jorge Julio López, luego de su testimonio contra el represor Miguel Etchecolatz.4

El Juicio a las Juntas y sus múltiples significados

Del 22 de abril de 1985 al 9 de diciembre de 1985, los nueve integrantes de las tres primeras juntas militares fueron juzgados por la justicia civil por la comisión de los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio, privación ilegítima de la libertad simple, tormentos, violaciones y robos. El tribunal estaba integrado por seis jueces de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, siendo el fiscal de la causa, Julio César Strassera con quien colaboró Luis Gabriel Moreno Ocampo. Debido a que la cantidad de delitos sobre los que existían constancias superaban los diez mil según la investigación hecha por la CONADEP, el fiscal Strassera tomó la decisión de recurrir a un mecanismo utilizado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos, sobre la base de casos paradigmáticos. La fiscalía presentó, entonces, 709 casos, de los cuales el tribunal decidió examinar 280.

Durante las audiencias declararon 833 testigos, entre ellos, sesenta y cuatro militares, quince periodistas, catorce sacerdotes y treces ciudadanos extranjeros.

El 9 de diciembre se dictó la sentencia que condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a cadena perpetua, a Roberto Eduardo Viola a diecisiete años de prisión, a Armando Lambruschini a ocho años y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Los restantes cuatro acusados, Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, quedaron absueltos de culpa y cargo por no haberse podido probar los delitos que se les imputaba.

Hoy, a excepción de las dos primeras, las condenas resultan exiguas y ni hablar de las absoluciones. También, en el momento, diversos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos las consideraron insatisfactorias. Sin embargo, por las características que tuvo, la condena a las juntas militares, realizada por un gobierno democrático, fue un hecho sin precedentes en el mundo.

En la historia nacional, también, significó una ruptura: fue el fin de una época y el principio de otra. En el banquillo de los acusados, bajo el peso de la ley, se colocó a la jerarquía que, hasta hacía poco tiempo, detentaba un poder ilimitado –en base al cual, había llegado a decretar su autoamnistía–, había sido la principal protagonista de la política argentina por más de medio siglo, y que, aún poseía el monopolio de la fuerza. Pieza central de la justicia transicional argentina, convirtió en pruebas jurídicas, los testimonios de familiares y sobrevivientes y las informaciones sobre los centros clandestinos de detención recopilados por la CONADEP. Logró poner en evidencia el carácter sistemático del plan ideado y ejecutado por las fuerzas armadas. Desnudó la estructura y el funcionamiento del terrorismo de estado. Amplió el número de los alcanzados por la justicia, excediendo, de este modo, los márgenes previstos por el presidente, en el punto treinta del fallo, como ya hemos señalado.

La decisión de que sea oral y público, tomada por la Cámara Federal, le otorgó agilidad, transparencia y objetividad, a la vez que contribuyó a difundirlo en la sociedad. Las sesiones fueron grabadas íntegramente, por los equipos de ATC, el canal público, pero sólo se autorizó la televisación, en diferido, de tres minutos sin audio.5 Se desconoce si esa decisión partió del Poder Ejecutivo o de la Cámara Federal, lo cierto es que se buscaba no exacerbar, aún más, los ánimos de los sectores castrenses. En 1988 una copia completa de las imágenes del proceso fue depositada en la sede del Parlamento de Noruega para preservar integridad del documento y la memoria del histórico juicio, que se percibía amenazada. Hugo Vezzetti considera el Juicio a las Juntas como una bisagra, inédita, en la que “se anudaba un núcleo de significaciones que no solo rearmaba la memoria completa de la dictadura sino que incorporaba, propiamente implantaba, las bases de una nueva memoria de la democracia” (Vezzetti, 2002, p. 109). Para el autor, constituye una escena, un punto de inflexión en la historia reciente ya que condensa una trama histórica y, a la vez, se convierte en un núcleo duro y persistente sobre el cual vuelve el trabajo de la memoria. Con el Juicio a las Juntas la democracia naciente encontró su acontecimiento y ceremonia pública fundante.

Cómo fue posible el juicio a los ex-comandantes

El punto de partida del juicio penal a los ex comandantes debe ubicarse en la derrota de Malvinas, cuando, en el movimiento por los derechos humanos, cobró forma la demanda de “juicio y castigo a todos los culpables”. Tal fue la postura que, pronto, se convirtió en hegemónica dentro del movimiento y continuó con fuerza en la transición democrática. Casi contemporáneamente, un grupo de filósofos y especialistas en derecho6, a instancias de Raúl Alfonsín, comenzó a dar forma a una idea de éste sobre lo que consideraba debía convertirse en una política de estado: la revisión judicial del pasado. En este punto, es importante señalar, que la postura de Alfonsín contrastaba con la de la mayoría de los integrantes de la multipartidaria, que se limitaba a pedir información a las fuerzas armadas sobre la cuestión de los desaparecidos para, luego, ‘cerrar las heridas’, descartando cualquier idea de castigo penal. Es más, dentro del mismo partido radical la posición del futuro presidente con respecto a este punto no era compartida por la mayoría de los miembros. Por su parte el gobierno militar, aunque en retirada y con fuertes contradicciones internas, pudo unificar sus intereses corporativos en la postura de no investigar el pasado y de reivindicación total de lo que llamaban la ‘guerra antisubversiva’, manifestada en la Ley de Enjuiciamiento de Actividades Terroristas y Subversivas, conocida como ‘ley de Autoamnistía’. 7 Una inmediata respuesta a la misma provino, a los pocos días de sancionada, de parte de dos jueces federales, Guillermo Ledesma y Jorge Torlasco, –futuros integrantes del tribunal que juzgó a la Juntas–, que la declararon inconstitucional.

Durante la campaña electoral, la cuestión del juzgamiento tuvo un lugar central en el discurso alfonsinista, en notable contraste con el mensaje proselitista del justicialismo. El triunfo radical en las elecciones presidenciales de Octubre de 1983 resultó decisivo para  la cuestión de la justicia penal, sobre todo, si se tiene en cuenta que Ítalo Luder, el candidato del Partido Justicialista, sostenía una postura contraria al juzgamiento y aceptaba la autoamnistía de los militares.

Inmediatamente asumido el gobierno, el presidente tomó una serie de medidas, no sin cuestionamientos, contradicciones, marchas y contramarchas pero que, en definitiva, junto con la movilización de las organizaciones de derechos humanos y el apoyo de gran parte de la sociedad, fueron alejando cada vez más la posibilidad de la impunidad. Como primera, el presidente electo, presentó al Congreso un proyecto para anular la ley de autoamnistía y, pocos días después el Poder Legislativo sancionó la derogación de la misma, la cual, significativamente fue la primera ley aprobada por la nueva democracia.

El 15 de diciembre de 1983, el presidente sancionó los decretos 157 y 158. Por el primero, ordenaba enjuiciar a los jefes de las organizaciones guerrilleras y, por el segundo, ordenaba al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas procesar a las tres juntas militares. Junto con éste, el Presidente envió al Congreso un proyecto de reforma al Código de Justicia Militar, por el cual se habilitaba a la justicia civil como instancia de revisión del tribunal militar.

Simultáneamente, el Poder Ejecutivo daba un paso más: la creación de la CONADEP, pieza central de la estrategia alfonsinista, formada, por ciudadanos prominentes y con la finalidad de recibir denuncias y pruebas para ser remitidas a la Justicia.

La propuesta alfonsinista consistía en una justicia retroactiva y preventiva pero de alcance limitado, basada en la diferenciación de tres niveles de responsabilidad: la de aquellos que planearon e impartieron las órdenes de represión ilegal, los que obedecieron esas órdenes en un contexto de coerción y los que se excedieron en el cumplimiento de las mismas y cometieron delitos. De acuerdo con esta concepción, sólo el primer y tercer nivel serían alcanzados por la justicia penal.Según Marcos Novaro, Alfonsín apostó así a una línea media: atender la demanda de justicia de los familiares de las víctimas y la expectativa más difusa de la sociedad al respecto, y lograr la subordinación de los oficiales en actividad, que en su mayoría serían disculpados aunque hubieran tenido alguna participación en la represión (Novaro, 2010, p. 196).

Sin embargo, quedó lejos de conformar al movimiento de derechos humanos, partidos de izquierda y una parte importante de la ciudadanía que reclamaba castigar a todos los culpables y lejos, también, de las fuerzas armadas que pretendían la impunidad para todos sus miembros.

Aunque pertinaz y perentoria, la propuesta del Presidente, no resistió inmutable el impacto de la acción de éstos y otros actores sociales y políticos implicados. Por empezar, un embate provino del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que se negó a investigar, juzgar y castigar, aunque sea, sólo a un puñado de sus miembros, y que, además, volvió a reivindicar in toto la ‘guerra antisubversiva’, agotando, así, en un solo acto y de plano, cualquier expectativa de autodepuración de las fuerzas armadas.

Otro actor que, también, mostró un importante grado de autonomía, fue la Cámara Federal, sobre todo, cuando, ignorando la doctrina alfonsinista de los tres niveles de responsabilidad, ordenó, en la sentencia a los ex comandantes, el juzgamiento de los jefes de zona y zubzona, con lo cual dio por tierra con la eximición “aquellos que actuaron en cumplimiento de órdenes de superiores”.

El proceso fue el resultado de la interacción de cuatro actores principales, el Poder Ejecutivo, las fuerzas armadas, los organismos de derechos humanos, y el Poder Judicial. Sin embargo, además de las acciones de cada uno de éstos, es necesario considerar también, dos momentos y fuerzas intervinientes que darán un giro dramático al proceso. Uno de ellos tiene lugar en el Senado de la Nación, durante la discusión del Proyecto de Reforma al Código de Justicia Militar. Allí, con los dos votos del Movimiento Popular Neuquino y del senador bonaerense, Adolfo Gass8 se logró excluir la disculpa por obediencia debida a todos los “actos atroces y aberrantes”, con lo cual se extendía hacia límites no precisos el alcance de la justicia penal a los represores del Proceso de Reorganización Nacional. Aquí, habría que destacar otro hecho no previsto, o por lo menos, no explicado: el presidente, hubiera podido vetar las reformas introducidas por el Senado, pero no lo hizo, aceptando de hecho la modificación de su propuesta original. Es decir, consintió en ampliar el alcance de la justicia penal.

Otro acontecimiento que influyó de manera decisiva en el proceso fue la publicación del Nunca más, cuyas revelaciones hicieron conocer a la sociedad la escalofriante dimensión de la política del terror implementada por la dictadura, revelación que hacía insostenible la propuesta de justicia acotada a unos pocos represores. Es, también, significativo que la CONADEP, que había sido creada por el Presidente, mantuvo, sin embargo un notable e irreprochable grado de independencia con respecto al Poder Ejecutivo. Para Alfredo Pucciarelli, la estrategia alfonsinista resultaba inconsistente y contradictoria con su concepción global que asociaba el fin de la impunidad con la recuperación de la institucionalidad democrática, toda vez que al considerar ‘no judicializables’ los crímenes de lesa humanidad cometidos conscientemente por los cuadros medios de las Fuerzas Armadas, bajo el pretexto de la obediencia debida, el Poder Ejecutivo inició su política de construcción de una nueva trama social exenta de privilegios corporativos injustificados y de poderes de facto inmunes, generando precisamente lo contrario, un nuevo ámbito de impunidad militar (Pucciarelli, 2006, p. 10-11).

Más allá de los límites de la propuesta original, que de todas maneras implicaba un intento inédito de justicia retroactiva, lo que debe tenerse en cuenta fundamentalmente, son las medidas efectivas tomadas durante esos años aciagos, ante la amenaza real de golpe de estado y el requerimiento perentorio –aunque, totalmente, justificado– de los familiares de la víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

A modo de conclusión

Muchas de las promesas que traía consigo la nueva democracia, nacida el 10 de Diciembre de 1983, quedan aun pendientes, tal como lo señalan, hoy en día, los elevados niveles de pobreza, la inequidad distributiva, la exclusión social, la primarización de su estructura productiva  y la fuerte dependencia de la economía argentina. Pero, en punto, por lo menos, la historia argentina parece redimirse de sus pecados y fracasos pasados: terminó con la impunidad de medio siglo de golpes de estado y castigó a los culpables de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. Redimió a las víctimas del olvido y pudo construir un nuevo relato legitimado de su pasado violento.

También, por primera vez en décadas, se ha consolidado un consenso abrumador en favor del respeto a las reglas elementales del sistema democrático y republicano. Desde 1983, Argentina ha atravesado varias crisis económicas, sociales, políticas y de representación, siendo la más profunda la de Diciembre de 2001. Sin embargo, siempre se resolvieron dentro del marco de la institucionalidad democrática. El proceso de justicia transicional, que lleva, ya, casi tres décadas, ha recorrido distintas etapas: la primera que va desde la asunción del gobierno constitucional hasta la sanción de la ley de Punto Final, la segunda, comprendida entre 1986 y 1995, en la que la justicia penal quedó interrumpida; la tercera, de 1995 a 2001, cuando se emprenden los ‘Juicios por la Verdad’ y se declara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; la cuarta, desde el año 2001 a nuestros días, signada por la anulación y la declaración de inconstitucionalidad de las ‘leyes del perdón’ y de los indultos. De ellas, la primera fue el momento crucial, la prueba de fuego de la lucha contra la impunidad y por los derechos humanos, la que hará posible la consolidación democrática y la profundización de la justicia penal.

Se trata del momento más crítico, ya que las fuerzas armadas habían cerrado filas en torno a la rotunda negativa a realizar una autocrítica y una postura intransigente en relación a cualquier tipo de castigo penal. Esta posición fue sostenida en base a amenazas de golpe, estado de movilización y fuertes presiones, con lo cual quedaba claro que, aunque deslegitimadas frente la sociedad, aún mantenían un poder desestabilizador. Sin embargo, se pudo llegar al Juicio a los Comandantes, piedra angular del proceso de justicia transicional en la Argentina.

El Juicio a los Comandantes infligió el golpe más duro –junto con la derrota de Malvinas–al poder militar. Las rebeliones de Semana Santa, Monte Caseros, Villa Martelli, y el último levantamiento de Diciembre de 1990, fueron los últimos conatos de un poder que se desplomaba. Veinte años más tarde del histórico juicio, desmantelado el aparato militar, debilitada la capacidad de presión de las fuerzas armadas y su rol en la escena política, la justicia penal pudo reinstalarse y desarrollarse en un marco de mayor libertad. Un dato significativo sobre el Juicio a las Juntas, señalado por el periodista Pepe Eliaschev, contribuye a acentuar, aún más, la dimensión histórica del evento:

Los veredictos de 1985, cuando en Chile y Brasil gobernaban los militares, en Sudáfrica reinaba el apartheid, Ronald Reagan y Margaret Thatcher eran los líderes indiscutidos de Occidente y el llamado ‘campo socialista’ gozaba aún de agónica vida, son una colosal desmesura argentina (Eliaschev, 2011, p. 21).

Notas

1. Los efectos políticos y jurídicos del Nunca más fueron vastísimos. Sus investigaciones tomaron el carácter de prueba jurídica en el Juicio a las Juntas y, además, el Informe se convirtió en modelo de exposición de la violencia de estado en el Cono sur. Estos aspectos se pueden profundizar en Crenzel, Emilio, La historia política del Nunca más. La memoria de las desapariciones en Argentina. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.

2. “Disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en conocimiento del Consejo Supremo de la FF.AA. el contenido de esta sentencia y cuantas piezas de la causa sean pertinentes, a los efectos del enjuiciamiento de los Oficiales Superiores, que ocuparon los comandos de zona y subzona de Defensa, durante la lucha contra la subversión, y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones.” (punto 30 del fallo).

3. En Julio de 2012, la justicia pudo probar la existencia de un plan sistemático de apropiación de bebés del gobierno militar y, en virtud de ello, fueron condenados los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla, a prisión perpetua, y Reynaldo Bignone a quince años. Las duras penas también alcanzaron- entre otros- a los ex marinos Antonio Vañek (cuarenta años), a Jorge “El Tigre” Acosta (treinta años) y al ex director de Institutos Militares Santiago Riveros (veinte años. años).

4. Jorge Julio Lopez fue un detenido desaparecido por la dictadura desde 1976 a 1979. Su segunda desaparición en 2006 constituye un hecho gravísimo del cual nada se sabe, aún.

5. Sobre la particular historia que tuvieron las imágenes del Juicio a la Juntas, veáse Feld, Caludia, Del estrado a la pantalla: Las imágenes del juicio a los ex comandantes en Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

6. Ellos eran Genaro Carrió, Carlos Nino, Martín Farrel, Ricardo Gil Lavedra, Eugenio Bulygin, Osvaldo Guariglia y Eduardo Rabossi, a los que más tarde, se unió Jaime Malamud Goti.

7. Según el artículo 1, “Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982 (…) Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos (…) Art. 5: Nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de alguna manera por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el artículo 1 de esta ley” (“Ley de enjuiciamiento…” 24/9/1983) 8. Ambos senadores habían sufrido en carne propia la represión ilegal, dado que el senador neuquino tenía dos sobrinos desaparecidos, hijos de su hermano Felipe. El senador bonaerense Gass tenía, también, un hijo desaparecido. (Ver Clarín, Domingo 26 de septiembre de 2010, página 8 del Suplemento especial Juicio a las Juntas. 25 años (1985 – 2010).

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A un cuarto de siglo, reflexiones sobre el Juicio a las Juntas Militares en Argentina fue publicado de la página 301 a página312 en Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación Nº 52

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