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El pueblo tiene derecho a saber de qué se trata: El derecho a la información

Salgado, Mariela [ver currículum del autor, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación]

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº VII

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº VII

ISSN: 1668-1673

XIV Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 2006:"Experimentación, Innovación, Creación. Aportes en la enseñanza del Diseño y la Comunicación"

Año VII, Vol. 7, Febrero 2006, Buenos Aires, Argentina | 272 páginas

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Al preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de derecho a la información, debemos plantearnos un recorrido histórico que parte del reconocimiento de la libertad de conciencia y pensamientos.

Muy brevemente, en términos de expresión masiva de ideas, pensamientos e informaciones, acordaremos al menos en términos hipotéticos que la invención de la imprenta genera el instrumento con el cual se origina la tensión entre los Estados y la comunicación.

Es así, entonces, que los Reyes imponen un régimen de autorización previa a las impresiones, la voz pública es la voz del Soberano y, ni aún teniendo los medios (imprenta acorde a la época) se podían difundir informaciones u opiniones libremente.

Esta situación comienza a cambiar con la corta vida de la English Licensing Act que en el siglo XVII (1662) admite la instalación y el funcionamiento de imprentas con el sólo requisito del registro. Desde luego que el «sólo registro», para esos años, era una regulación libérrima.

Esta tensión entre los poderes públicos y quienes quieren hacer uso de la comunicación pública de hechos sigue poniéndose de manifiesto durante el siglo XVIII –o principios del siguiente-, hasta que se consagra en la Declaración de los Derechos y los Deberes del Ciudadano, tras la Revolución Francesa, la Declaración de Derechos de Virginia y la Primera Enmienda en la Constitución de los Estados Unidos.

De modo que la constitucionalización de la libertad de expresión tiene su preámbulo en la Declaración de Derechos de Virginia. Consta de 16 secciones, de las cuales dedica la número 12 a la libertad de prensa: «Que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad nunca puede ser restringida a no ser por gobiernos despóticos». La Primera Enmienda de la Constitución Americana dice: «El Congreso no expedirá ley alguna con relación al establecimiento de alguna religión, o prohibiendo el libre ejercicio de ellas; o limitando la libertad de palabra, de la prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente, y pedir al Gobierno el enderezamiento de injusticias».

La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 10, se refiere a que «Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación no turbe el orden público establecido por la ley».

Después de citar la libertad a expresar las opiniones con el límite de la ley, el artículo 11 establece que: «La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano puede por tanto hablar, escribir, imprimir libremente, sin perjuicio de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley».

En estos pronunciamientos, así como luego ocurre en las Constituciones de los diversos países a los largo de los años, se consagra el derecho a expresar ideas por la prensa sin censura previa, tal como dice el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional de 1853. A esta etapa la doctrina española del derecho a la información la denomina la etapa del «sujeto empresario», en la cual se reconoce el derecho a la no revisión previa por parte de los Estados respecto de los contenidos de las publicaciones (gráficas), ya que esa instancia de revisión es la primera expresión de la censura.

En las dos últimas décadas del siglo XIX, en diversos países europeos se sancionan las primeras leyes de prensa (Inglaterra, Francia, España, Suiza, Alemania), y los primeros convenios colectivos de trabajo de los periodistas, los que establecen no sólo derechos que amparan a las empresas u organizaciones periodísticas, sino también se reconocen los derechos las facultades de los periodistas que trabajan en ellas.

Ejemplos de estas legislaciones son el Estatuto del Periodista de Francia de 1935, basado en el Informe Brachard, o el Estatuto del Periodista Profesional de la Argentina de 1946.

En 1948, la Organización de Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 19 se consagra por primera vez el derecho a la información como un derecho humano fundamental.

Así, no sólo se amparan los derechos de quienes conducen o poseen los medios de comunicación social o trabajan en ellos, sino también de todas las personas. Dice el artículo 19: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión ; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones , el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».

Con lo cual se apoyan en él dos principios de universalidad sumamente claros: el de medios, y el de sujetos. Los primeros corresponden a los sujetos y medios alcanzados; los segundos, corresponden al mensaje o contenido u objeto del derecho a la información.

«La universalidad es atribuida al derecho a la información desde varias perspectivas; porque los mensajes atraviesan las fronteras (se habla de una universalidad geográfica). Porque se difunden a través de todos los medios de comunicación (universalidad de medios). Porque éste es un derecho de todos los individuos (universalidad subjetiva)».

Esta puesta en consideración ante la universalidad del derecho a la información por la ONU fue luego seguida por otras declaraciones de derechos humanos celebradas con alcance universal o regional, aunque no siempre con iguales alcances en lo que hace a extensión del derecho reconocido o consagrado. Los textos que se consignan a continuación son las Declaraciones y Tratados de Derechos Humanos que guardan referencia explícita al derecho a la información:

En nuestro medio, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos señala en su artículo 13 que:

1)Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2)El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3)No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4)Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia.

5)Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas.

Muy importante es también la Convención sobre los Derechos del Niño porque no sólo garantiza los derechos de los niños como difusores o beneficiarios de la información, sino porque impone obligaciones de prestación a los Estados y guías de actuación a los medios de comunicación. Y, como lo sugiere la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 5/85: «Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero, también implica, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno».

Y, en concreto, se expresa en un conjunto de facultades para cada uno de los actores del proceso informativo que podríamos resumir del siguiente modo:

Para quien recibe información:

ü Derecho a ser informado verazmente, entendiendo a la veracidad como valor intrínseco de la actitud de quien informa y debe hacerlo sin distorsiones dolosas.

ü Derecho a la recepción del mensaje en forma oportuna y sin interferencias.

ü Derecho a preservar y defender la honra y la intimidad.

ü Derecho a requerir la imposición de responsabilidades legales, en los términos planteados en el apartado anterior.

ü Derecho de rectificación o respuesta.

ü Derecho a recibir pluralidad de informaciones u opiniones.

Para quien difunde la información:

ü Derecho a no ser censurado en forma explícita o encubierta, vale decir, que no se someta el contenido a un proceso de revisión o restricción previa, sobre todo por parte de entidades estatales o paraestatales.

ü Derecho a investigar informaciones u opiniones por cualquier medio, sobre todo las de interés general.

ü Derecho a difundir informaciones u opiniones por cualquier medio. Esto incluye expresiones literarias, artísticas, religiosas, humorísticas e incluso las informaciones erróneas.

ü Derecho a contar con los instrumentos técnicos que le permitan hacerlo.

La información es la garantía de la participación y la garantía de la igualdad, por ende, de la vigencia del estado de derecho democrático.


El pueblo tiene derecho a saber de qué se trata: El derecho a la información fue publicado de la página 265 a página266 en Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº VII

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